600 familias residentes en Mata de Palma, El Seibo, obtendrán título de propiedad tras intervención del Defensor del Pueblo.

Viernes, 15 Diciembre 2017

Santo Domingo. El fraile Miguel Ángel Gullón Pérez, agradeció hoy a la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, la intervención realizada ante el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en relación a la solicitud de titulación de las tierras que ocupan actualmente 600 familias residentes en localidades de la comunidad Mata de Palma, en la provincia El Seibo.

En representación del movimiento “Unidos por una mejor provincia de El Seibo”, Gullón Pérez, quien es también director de Radio Seybo, llegó a las oficinas del Defensor del Pueblo donde personalmente expresó el grato sentir y el alivio que respiran hoy las familias que viven y trabajan la tierra en Mata de Palma.

“Les agradecemos la rápida y eficiente gestión del Defensor del Pueblo. Fruto del trabajo de esta institución que usted dignamente dirige, recibimos el pasado domingo la visita del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en la comunidad de El Guaranal de Mata de Palma, quien nos aseguró la titulación de las tierras para que la gente las pongan a producir y sean su sustento como así lo venían haciendo por generaciones”, dijo el fraile Miguel Ángel Gullón Pérez dirigiéndose a la titular, doctora Zoila Martínez Guante.

El representante de la comunidad agradeció también el apoyo recibido por los licenciados Charles Ureña y Madeline González, abogados de la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo, quienes los visitaron el 29 de noviembre luego de llevar la queja por las amenazas que recibían de ser despojados de los terrenos que  hoy ocupan.

Gullón Pérez, además auguró éxitos en la gestión del trabajo de la Defensora del Pueblo y de todo el equipo. Al tiempo que rogó a Dios por la protección de todos.

El Defensor del Pueblo contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales, humanos y difusos de las personas, establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violentados por funcionarios y órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares

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