Martes, 24 Octubre 2017
Santo Domingo La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, dijo que esa entidad es un guardián celoso de los derechos humanos y en esas funciones ha dado seguimiento a los casos de violencia y violación de esos derechos que se han producido en las últimas semanas y que han tenido gran difusión en los medios de comunicación.
Sobre el particular señala que están interviniendo en el proceso que se le sigue al estudiante Daniel Alberto López Vásquez, de 18 años, quien agredió a una compañera de clases en el liceo Morayma Veloz de Báez, de la comunidad de Bayaguana, acto que fue filmado por otro estudiante y colgado en las redes sociales donde se hizo viral, y motivó a que las autoridades dispusieran una orden de prisión en su contra.
Al respecto, Zoila Martínez afirmó que desde el principio abogaron por “que se le ponga una medida de coerción leve, se le dé ayuda con los psicólogos pero que no pierda el año escolar; que siga estudiando”, puntualiza.
Luego de varios días de persecución, López Vásquez se puso a disposición de la justicia el pasado 13 de mayo, tras lo cual le fue impuesto un mes de prisión preventiva como medida de coerción que deberá cumplir en la cárcel de Monte Plata.
En torno al caso de supuesta colocación de drogas al dirigente comunitario Juan Comprés, Martínez dijo que la institución se dirigió a Moca para indagar al respecto, y estuvieron atentos al desenlace del mismo.
“Nosotros fuimos a Moca y el señor Juan Comprés vino donde nosotros”, reveló la Defensora del Pueblo.
Juan Comprés fue apresado el pasado día tres del mes en curso acusado de posesión de droga y tras su arresto se publicó un vídeo en las redes sociales en el que se veía a los agentes actuantes en el operativo de captura alegadamente plantar los narcóticos en el automóvil del activista.
Comprés fue dejado en libertad pura y simple por juez de la Oficina de Servicio Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de Moca, Anderson Cuevas, luego de analizar las evidencias que les fueron presentadas.
De igual forma, Martínez condenó el incidente que protagonizaron recientemente miembros de la Policía Nacional, con el Frente Amplio de Lucha Popular y varios diputados frente a la Procuraduría General de la República, del cual dijo que “hay actuaciones que yo no veo por qué hay que hacer el caso grande si es tan simple”, al referir a que se debe respetar el derecho a la libre expresión y al libre tránsito.
Embarazo en adolescentes
La Defensora del Pueblo propugnó por que no se prive de la escolaridad a las adolescentes que resulten embarazadas. “Si ella está en estado con 14 o 15 años deben dejarla estudiar, porque un país progresa si los ciudadanos asumen la educación y la practican junto a los valores y a los principios”, señaló.
Un acuerdo para dotar de actas y de cédulas a quienes no la tienen
Las quejas también se reciben en materia de identidad, de personas que carecen de actas de nacimiento y de Cédula de Identidad y Electoral. Esa situación dio pie a que las autoridades de la Oficina del Defensor del Pueblo, conjuntamente con la Junta Central Electoral (JCE), trabajaran unidas para que les sean entregadas las documentaciones a los ciudadanos que no dispongan de ellas. “Recibimos muchos casos de personas que no tienen cédula, y entonces nosotros tenemos que ocuparnos de que se dote a los dominicanos de sus cédulas porque si no, serán muertos en vida”, enfatizó Zoila Martínez Guante, Defensora del Pueblo, al participar en el Diálogo Libre. Indicó que todos los casos de personas que llegan a esa entidad alegando falta de documentos son tramitados a la Junta Central Electoral para que de inmediato se inicie la depuración y verificación y de esa forma sean cedulados y dotados de actas.
“Eso está lleno, lleno de nacionales haitianos”
“Eso está lleno, lleno de nacionales haitianos”
La Oficina del Defensor del Pueblo iniciará una investigación para determinar si es cierto que nacionales haitianos indocumentados han ocupado una comunidad en Montecristi, y construcciones abandonadas en el municipio Paraíso, en Barahona.
La revelación la hizo la titular de la institución, Zoila Martínez Guante, quien dijo que actuarán ante las tantas denuncias recibidas en ese sentido.
Explicó que brigadas de la entidad se trasladarán al distrito municipal Palo Verde, de Montecristi, donde alegadamente cientos de ciudadanos dominicanos han abandonado la zona por la falta de servicios, y que los terrenos han sido ocupados por haitianos.
“Vamos a revisar cómo está ese asunto, porque las quejas llueven de que los dominicanos salieron porque no tienen forma de vida de progreso y los vecinos haitianos se han mudado”, precisó.
Indicó que de acuerdo con las denuncias, en la comunidad no hay escuelas, ni centros hospitalarios, ni agua, así como ningún otro servicio básico.
Sostuvo que como Defensora del Pueblo está en la obligación de trasladarse a la zona a verificar la situación por la que atraviesan esos ciudadanos.
Entre las zonas que supuestamente han sido ocupadas están Jaramillo, Juliana, Batey Madre, El Gómez, Cabuya, Sanita y Sequía, los cuales pertenecen al distrito municipal Palo Verde.
De igual modo, se trasladarán a Paraíso, Barahona, a establecer cuál es la situación de un hospital cuya construcción se inició en el 2004 y nunca se terminó, edificio que también, al parecer, fue ocupado por haitianos.
“Eso está lleno, lleno de nacionales haitianos, según nos han informado”, recalcó.
Martínez Guante criticó que la situación se esté registrando a pesar de haberse invertido más de RD$2,000 mil millones en un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
