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INVI entrega nueva vivienda solicitada por el Defensor del Pueblo a señora que vivía en condiciones deplorables en el Ensanche La Paz

INVI entrega nueva vivienda solicitada por el Defensor del Pueblo a señora que vivía en condiciones deplorables en el Ensanche La Paz

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), a solicitud del Defensor del Pueblo, entregó este miércoles 3 de octubre, una vivienda a la señora Lidia Polanco Baldemora, quien vivía en condiciones inhumanas sector Ensanche La Paz, del Distrito Nacional.

La entrega fue encabezada por el director del INVI, ingeniero Mayobanex Escoto y la defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante, en un acto al que asistieron familiares, amigos y miembros de la prensa.

 Durante la entrega de las llaves y el certificado de vivienda, el ingeniero Escoto y la doctora Martínez Guante, felicitaron a la señora Polanco, augurándole bendiciones para  el disfrute de su nuevo techo.

 La casa donde residirá la señora a partir de ahora cuenta con dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, y galería. La antigua vivienda fue demolida y construida desde cero en el mismo terreno, ubicado en la calle Bienvenido Díaz (antigua calle 1 era) número 24, del citado sector.

 En el acto de entrega acompañaron al director del INVI y la defensora del pueblo, el ingeniero Renzo Cuevas, gerente de Construcción y Proyectos del INVI y Paola Miranda, Abogada Adscrita a la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo.

 La Constitución en su artículo 59  indica acerca del derecho a la vivienda: ”toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.

 El Defensor del Pueblo, tiene como misión de contribuir a salvaguardar  los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público,  de los prestadores privados de servicios públicos  y de los intereses colectivos y difusos.

 



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