Defensor del Pueblo pondera medida tomada por el alcalde del Distrito Nacional para que empresa repare daño y respete derechos de los transeúntes

Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, desde 2014 solicitó reparar el daño causado por una empresa de vehículos de motor a los peatones de la Avenida John F. Kennedy.

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Lunes, 05 Febrero 2018

Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, desde 2014 solicitó reparar el daño causado por una empresa de vehículos de motor a los peatones de la Avenida John F. Kennedy.

En comunicación del 08 de septiembre de 2014, la Defensora del Pueblo solicito: “reparar el daño ocasionado a los peatones de la Avenida John F. Kennedy, al utilizar inadecuadamente la acera peatonal, poniendo en peligro la vida de miles de ciudadanos, entre ellos envejecientes, niños y jóvenes que diariamente se ven obligados a caminar por la calle en franca violación a sus derechos”, desde entonces la institución garante de derechos fundamentales y humanos de las personas, se mantenía haciendo la solicitud y en espera de solución.

En respuesta a la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, la empresa informó que la acera existía antes y que fue eliminada por las autoridades estatales del periodo 1996-2000 para la ampliación de la avenida y construcción del elevado que le cruza en frente a sus oficinas. Aseguraron estar dispuestos a que se restaure el paso peatonal siempre que el Estado pague previamente la expropiación del terreno que les pertenece y cubran los trabajos de reubicación de la verja de su propiedad.

Ante este caso, esta semana el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dispuso un paso provisional para los peatones de la avenida John F. Kennedy, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Gracita Álvarez y Luis Lembert, donde desde hace años los transeúntes tienen que caminar por plena avenida debido a la pared que construyó una agencia de vehículos.

El rol del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardarlos derechos fundamentales y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios y órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

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