Jueves, 10 Mayo 2018
Santo Domingo.- La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, exhortó al sector empresarial ponderar la conveniencia de lograr, bajo el diálogo, el entendimiento y lo razonable, más acercamiento con sus empleados.
Martínez Guante consideró que los trabajadores es el mejor activo que puede tener una empresa, porque cuando están motivados y reconocidos rinden más en su labor.
“Cuando los recursos humanos son motivados y reconocidos se sienten parte importante de su lugar de trabajo y por consiguiente rinden el doble o el triple, realizando su labor con apasionamiento y entrega”, precisó.
La Defensora del Pueblo hizo el planteamiento mediante sendas comunicaciones que envió al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache; al presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y al presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes empresarios (ANJE), Raul Hoyo.
Llamó a que juntos eviten más conflictos en el país en lo que envuelve la paz laboral, y por ende la paz social.
“Siento profundo respeto por ustedes que invierten su economía en el país, fortaleciendo la rueda de su desarrollo”, enfatizó.
Se recuerda que recientemente la Defensora del Pueblo advirtió sobre la modificación de la ley 16-92 o Código Laboral para limitar los derechos adquiridos por los trabajadores.
En esa ocasión, Martínez Guante solicitó a los presidentes de las cámaras legislativas a tener “ojo avizor” ante las pretensiones que han esgrimido algunos sectores en el sentido de reducir los derechos a los trabajadores o retroceder en las conquistas.
Esa alerta la dio la Defensora del Pueblo en mediante sendos oficios que tramitó al presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez y al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de fecha cinco de abril del 2018.
Consideró que limitar o retroceder en los derechos reconocidos a los trabajadores constituiría una franca violación a la Carta Magna y a los principios generales del derecho laboral, que enarbolan el carácter esencialmente progresivo de los derechos fundamentales, entre ellos el del trabajo, consagrado en el artículo 62 de la Constitución.
El Defensor del Pueblo es el órgano constitucional facultado para contribuir a salvaguardar los derechos humanos y fundamentales, colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios y órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares.