Defensora del Pueblo dicta conferencia en la UASD: “Rol de la institución y caso Cueva de las Maravillas”

La defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante, dictó hoy la charla “Rol del Defensor del Pueblo, desafíos para la protección de los derechos humanos en la República Dominicana y caso cueva de las Maravillas”, en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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Viernes, 26 Abril 2019

Santo Domingo. La defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante, dictó hoy la charla “Rol del Defensor del Pueblo, desafíos para la protección de los derechos humanos en la República Dominicana y caso cueva de las Maravillas”, en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En la actividad realizada en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, estuvo en la mesa de honor, la doctora Rosalía Sosa Pérez, Vicedecana de la Facultad; la licenciada Jenny Acosta, en representación de Comisión Nacional para la UNESCO; las maestras Heidi Céspedes, directora de la Unidad de Educación continuada de la Facultad y Mayra Cabral Brea, coordinadora de la Catedra UASD-UNESCO, a quienes la Defensora del Pueblo agradeció por la acogida, al tiempo que las reconoció por su valor profesional.

Durante la capacitación, la doctora Zoila Martínez Guante, habló acerca de los inicios de la creación del Defensora del Pueblo, los retos que ha enfrentado para contribuir a la educación y promoción de la defensa de los derechos de las personas, entre otros.

Resaltó que “un verdadero defensor nace con marcada vocación de servicio, pasión, y más que nada entrega a la defensa de los oprimidos y-o excluidos, teniendo presente que PUEBLO SOMOS TODOS. A lo largo de la historia en el mundo han existido millares y millares de hombres y mujeres que ofrendaron su vida para que prevaleciera el respeto a los derechos humanos, los que siglos después se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 1948)”, afirmó la doctora Martínez Guante.

También citó que ha hecho suyo el caso Cueva de las Maravillas por “no considerar justo que el Estado regale” a la Fundación Cueva de las Maravillas, un total de 10,401,518.39 metros cuadrados de terreno que incluye las cuevas, ubicado en el municipio Ramon Santana entre las provincias San Pedro de Macorís y La Romana.

“Mientras viva no voy a permitir que un grupo de diez dominicanos millonarios por demás, se aprovechen de su relación con políticos y funcionarios públicos para quedarse como propietarios de un monumento natural, arqueológico y cultural, único en Las Antillas, mientras exista territorio, patria y nación, tal como establecen en el Decreto No. 398-03 del 23 de abril de 2003. Esa es una acción que privilegia a algunos y viola tajantemente la Constitución de la República”, afirmó la doctora Zoila Martínez Guante.

A la actividad asistieron maestros, empleados y estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), profesionales que laboran en el Defensor del Pueblo y público en general.

Este acto fue realizado dentro de la programación de actividades enmarcadas en un convenio de colaboración firmado entre la UASD y el Defensor del Pueblo, que tiene como eje principal, la impartición de talleres de capacitación, titulado “La Constitución como Norma y el Defensor del Pueblo”, en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la (UASD), dirigido a la comunidad de esa alta casa de estudios en todo el territorio nacional.

El objetivo de estas acciones formativas es contribuir a desarrollar la competencia de los participantes para reflexionar y evaluar el funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho en República Dominicana y el papel del Defensor del Pueblo.

Durante el año 2018, la UASD y el Defensor del Pueblo llevaron a cabo un total de ocho talleres de este tipo, con los cuales alcanzaron a un total de 457 participantes.  

El Defensor del Pueblo de la República Dominicana

La misión del Defensor del Pueblo es contribuir a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos y de los intereses colectivos y difusos.

 

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