Lunes, 23 Octubre 2017

Santo Domingo. Participación Ciudadana pondera labor del Defensor del Pueblo en defensa y garantía de derechos de la población dominicana.

Mediante el informe titulado ‘’Actuaciones Irregulares de la Policía Nacional en Ejercicio de sus Funciones’’, difundido este miércoles, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, valoró la labor del Defensor del Pueblo, al ejercer su derecho ante la autoridad castrense, solicitando regularmente informes de denuncias y quejas.

De igual forma, informes ordinarios y extraordinario de la gestión 2015-2016; casos de personas desaparecidas, de las cuales, familiares acudieron al Defensor del Pueblo en busca de auxilio.

La solicitud del Defensor del Pueblo contribuye a fortalecer su rol y garantizar que el Estado cumpla su compromiso de protección a la ciudadanía. Por lo que, Participación Ciudadana, encomió el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo al indagar, acerca de los mecanismos que utilizaron las instituciones para resolver casos de personas desaparecidas, el estatus de los mismos, entre otros datos de importancia, para la garantía de derechos humanos.

De acuerdo al Artículo 13, de la Ley 96-04, de Institucionalidad de la Policía Nacional;” el Inspector General de la Policía rendirá, por la vía correspondiente, al Defensor del Pueblo, un informe ordinario cada seis meses, y de forma extraordinaria, cada vez que le sea solicitado por dicha institución”.

Asimismo, Participación Ciudadana, dijo que, en la solicitud de los informes, el Defensor del Pueblo expresó especial preocupación por los métodos represivos utilizados durante las redadas en los barrios, al tiempo que sugirió dar seguimiento a los casos de personas desaparecidas y mostro indignación ante el gran número de muertes por supuestos intercambios de disparos.

El informe destaca que un total de 1,356 miembros de la Policía Nacional están siendo objeto de investigación por presuntas irregularidades en sus funciones. Señala que entre los motivos figuran: exceso de autoridad, corrupción, agresiones físicas, violencia intrafamiliar, amenaza de muerte, servicio irregular, prestar armas.

También, indica que el 75 por ciento de los 513 agentes cancelados fueron separados del servicio, por actos de corrupción y se impusieron distintas sanciones disciplinarias a 496 agentes.

El 51 por ciento de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron servicio irregular ajeno a otros protocolos y el 13% fueron expedientados por agresiones y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad.

Al ponderar la labor del Defensor del Pueblo, representantes del movimiento no partidista, informaron que esta nueva investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional, creado en 2013, se enmarca en el Programa “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ)”, ejecutado en consorcio con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el financiamiento de la USAID.