Miércoles, 16 Mayo 2018
Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, institución que contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, celebró una misa de acción de gracias por la llegada de su quinto aniversario de funcionamiento.
La doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, agradeció a todos los presentes en la ceremonia y al equipo de profesionales que labora cada día para defender los derechos de las personas.
“Es una buena costumbre del Defensor del Pueblo desde su fundación que cada 15 de mayo realicemos esta misa para agradecer a Dios la ayuda y el soporte que nos ha dado a todos los que formamos parte de la institución para cada día acudir en defensa de los más vulnerables, los más necesitados de nuestro país”, dijo la Defensora del Pueblo.
“Es una exhortación constante que hacemos a los ciudadanos dominicanos, a que no se queden callados, que hablen, que reclamen, que acudan al Defensor del Pueblo donde estamos esperándoles para orientarlos, informarles y acompañarlos en su queja. Todos tenemos derechos y estamos para tutelarlos”, enfatizó.
Resaltó que durante los cinco años de trabajo del Defensor del Pueblo ha recibido el apoyo del presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez y de los funcionarios gubernamentales.
La misa fue oficiada por el Vicario P. Ruddy Belén Rosario y el párroco de la iglesia Cristo Rey, Padre Francisco Cordero, en la Parroquia Jesús Maestro del Sector Mirador Sur. A la eucarística en acción de gracias asistieron también las licenciadas María Ramos y María Batista, Primera y Segunda Adjunta, respectivamente, y demás funcionarios, amigos y familiares del equipo de trabajo del Defensor del Pueblo.
Defensor del Pueblo
Cabe destacar que el Defensor del Pueblo es una institución pública, autónoma de rango constitucional, creada mediante la Ley No. 19-01 y reconocida por los artículos 80.5, 190 y 192 de la Carta Magna.
Tiene como rol contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios y órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.
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