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Defensor del Pueblo dicta charla acerca de Reforma Administrativa y Financiera del Estado

Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, realizó una charla para hablar acerca de la reforma administrativa y financiera del Estado, así como todo el Sistema que la integra, dirigida al personal laboral de la institución.

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Miércoles, 11 Abril 2018

Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, realizó una charla para hablar acerca de la reforma administrativa y financiera del Estado, así como todo el Sistema que la integra, dirigida al personal laboral de la institución.

La acción formativa que forma parte de la iniciativa de educación continua para los profesionales que prestan servicios en el Defensor del pueblo, fue dictada por el doctor Erick Omar Hazim, ex director general de Contrataciones Públicas y Director Administrativo y Financiero del Ministerio de Energía y Minas.

La reforma administrativa y financiera del Estado es necesaria para consolidar los avances alcanzados en el proceso de reforma del Estado con el objeto de mejorar la eficiencia y transparencia con que se captan y utilizan los recursos públicos.

El doctor Hazim afirmó que, en el país, este Sistema está regido por la Ley 5-07. También habló acerca de la Cuenta Única del Tesoro; la creación de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, entre otros temas.

Durante la charla, el experto en temas financiero del Estado argumentó que el uso del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF),  es de obligatoriedad para el gobierno central, mientras que para las instituciones autónomas y empresas privadas es optativo.

El doctor Erick Omar Hazim, catedrático en la Universidad Central del Este (UCE) en Derecho Internacional Público, Internacional Americano e Internacional Privado. ha ocupado cargos públicos como Subsecretario de Estado de Finanzas, Presidente de la Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno y asesor de varias instituciones públicas, entre ellas ministerios y direcciones.

El rol del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios y órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

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