Jueves, 31 Octubre 2019
Santo Domingo. El Defensor del Pueblo visitó hoy a los peregrinos de El Seibo, quienes fueron desalojados en la madrugada de hoy del área verde frente al Palacio Nacional donde se encontraban en protesta pacífica permanente hacía ya varios días.
Los representantes del Defensor del Pueblo conversaron con el padre Miguel Ángel Gullón Pérez, coordinador del Movimiento Unidos por un Seibo Mejor y el pastor Silvio Molina, así como con otros miembros del grupo, a quienes le informaron que el propósito de la institución y de la defensora del pueblo al instruir la visita, era confirmar el estado en el que se encontraban y reiterarles que la función del organismo es salvaguardar en todo tiempo sus derechos humanos y fundamentales.
En estos momentos, los 47 campesinos se encuentran en la Casa de las Misioneras Dominicas del Rosario, en Santo Domingo, donde les han brindado acogida.
Los parceleros están en pie de lucha en representación de 613 familias que ocupaban por 40 años los terrenos en la sección La Culebra, distrito municipal Vicentillo de la provincia El Seibo, ellos exigen al presidente de la República, les sean devueltos los terrenos donde vivían y donde tenían sus siembras que comercializaban y les servía de sustento, de las que fueron desalojados “violentamente” el año pasado.
“Un gran grupo de militares y policías, algunos vestidos de médicos nos despertaron violentamente en la madrugada y nos introdujeron de manera forzosa en tres autobuses y nos dividieron llevándonos a tres hospitales diferentes: el Moscoso Puello, el de las Fuerzas Armadas y el Darío Contreras, supuestamente para darnos asistencia médica, pero nosotros no estamos enfermos. Nos golpearon y a la mayoría de nosotros nos quitaron los teléfonos celulares. Pudimos llegar aquí caminando, gracias a Dios, y otros en vehículos de personas que nos ayudaron”, dijo Francisca Peguero, una de las afectadas.
Los campesinos afirman que los terrenos de donde los desalojaron en septiembre de 2018, les pertenecen. Aseguran que los recibieron por consignación en el decreto 486 en el año 1975 por el entonces presidente, doctor Joaquín Balaguer.
Intervención previa del Defensor del Pueblo
La institución ya había recibido la denuncia del desalojo. En junio de este año, la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo remitió comunicación al director del Instituto Agrario Dominicano, ingeniero Emilio Toribio Olivo, solicitando información, a fin de conocer si los terrenos que estas familias ocupaban eran de propiedad privada o si formaban parte del programa de Reforma Agraria. A lo que el ingeniero Toribio Olivo respondió que no tenían la propiedad legal de la tierra.