Publicado: lunes 14 de marzo del 2022

Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, encabezó el acto de graduación del equipo interno de esta institución, en el “Diplomado en Constitucionalización del Derecho Administrativo y Garantía del Derecho”, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del personal en los aspectos normativos de los derechos humanos y fundamentales en la República Dominicana, así como los conceptos y procesos inherentes a la administración del derecho, el cumplimiento gubernamental y la defensa social.

Ulloa destacó que gracias a los conocimientos adquiridos en el diplomado, el personal de la institución ha sido dotado de los fundamentos teóricos, la profundización y la actualización de los enfoques, conceptos y procesos inherentes a las acciones misionales del Defensor del Pueblo.

“Con la capacitación que nuestros 29 colaboradores acaban de finalizar, podrán conocer el conjunto del ordenamiento jurídico dominicano, de sus fuentes materiales y formales, así como también tendrán la capacidad de interpretar y comprender los fundamentos del derecho constitucional del país y el funcionamiento de las administraciones públicas”, puntualizó Ulloa.

El acto de graduación del diplomado en Constitucionalización del Derecho Administrativo y Garantía del Derecho fue organizado por el Defensor del Pueblo en colaboración con la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y contó con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Un panel para dar “Una mirada jurisdiccional del derecho administrativo”

En el marco del acto de graduación del diplomado, fue realizado el seminario titulado “una mirada jurisdiccional del derecho administrativo”, el cual tuvo como panelistas a los expertos Priscilla Polanco y Gilbert De la Cruz, y contó como organizador y moderador al especialista en derecho, Edgar Torres.

Durante la actividad, los panelistas debatieron ampliamente sobre la organización del Estado, la instrumentalización de los derechos fundamentales a través de la administración pública en la República Dominicana, y la diferenciación de las garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales de los derechos humanos y fundamentales, entre otros temas del derecho administrativo.

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