La Oficina del Defensor del Pueblo, costeada por el Estado, decidió asistir con abogados a un joven que expuso testimonios de que la Policía lo torturó en Baní. El organismo le ha dado crédito a la denuncia que al observador común debe parecerle atendible por un asunto de contexto y de motivos para suponer que sí, que en ocasiones -y en reminiscencia de peores épocas para derechos humanos- en este país todavía se arrancan confesiones a palos.

Tratándose de un cuerpo del orden en el que por años se aplicaban tratamientos abusivos que evidentemente han sido de difícil erradicación según el récord de denuncias registradas por decenios, habría que enfocar este último caso con un requisito de “inversión de las pruebas”, propugnado alguna vez por el expresidente Leonel Fernández. Que el acusado demuestre su inocencia.

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FUENTE:EDITORIAL DEL PERIODICO HOY